Sembrar carbono, cosechar futuro: oportunidades para el NOA

El cambio climático dejó de ser una amenaza lejana para convertirse en una variable concreta de la economía global. Frente al aumento de emisiones de gases de efecto invernadero, urge no solo reducirlas, sino también generar mecanismos que orienten las decisiones productivas hacia la sostenibilidad. En ese contexto, los bonos de carbono surgen como una herramienta de transformación: permiten asignar un valor económico a las emisiones evitadas o capturadas, y convierten al carbono en una moneda ambiental que puede ser intercambiada en mercados nacionales e internacionales.

Los bonos de carbono son certificados que representan la captura o reducción de una tonelada de dióxido de carbono (CO₂) o su equivalente en otros gases de efecto invernadero.

Los suelos del NOA no solo producen alimentos: también pueden capturar carbono y regenerar ecosistemas. Lo que falta es convertir esa capacidad en proyectos viables, medibles y certificados.

¿Qué es el mercado de carbono y cómo funciona?

Reducción de GEI → se mide → se convierte en créditos de carbono → se venden como bonos (offsets) a quienes necesitan compensar sus emisiones. 

El mercado de carbono es un mecanismo diseñado para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a través de un principio simple pero poderoso: ponerle precio al carbono. En lugar de penalizar las emisiones sin más, este sistema propone reconocer económicamente a quienes logran evitarlas o capturarlas, y exigir compensaciones a quienes las generan por encima de ciertos límites.

Existen dos grandes tipos de mercado:

• Mercado regulado: impulsado por leyes, acuerdos internacionales (como el Acuerdo de París) y normativas nacionales o provinciales. Suele aplicarse a grandes industrias o sectores con metas obligatorias de reducción.
• Mercado voluntario: funciona por fuera de las obligaciones legales. En él, empresas, instituciones o gobiernos adquieren bonos como parte de sus estrategias de sostenibilidad, posicionamiento o exigencias de exportación.

Ambos modelos se apoyan en una lógica de tope y compensación: se establece un límite máximo de emisiones y quienes no logran reducir lo suficiente deben comprar créditos a quienes evitaron emisionesde GEI. Así, mitigar emisiones deja de ser solo una exigencia y pasa a ser una oportunidad económica.

En este sistema, el carbono se vuelve un activo transable. Pero también una brújula: señala qué prácticas productivas regeneran, cuáles pueden ser valorizadas, y qué proyectos logran alinear rentabilidad con impacto ambiental.

Criterios de calidad: ¿qué hace valioso a un bono?

En un mercado que opera sobre impactos invisibles —como capturar una tonelada de carbono que ya no está en la atmósfera—, la confianza lo es todo. No basta con que un proyecto prometa reducir emisiones: debe demostrarlo con evidencia, trazabilidad y rigor técnico. Por eso, la calidad de un bono de carbono es lo que determina en definitiva su precio.

Estos son los principales criterios que determinan el valor ambiental y de mercado de un crédito:

• Adicionalidad: el proyecto debe demostrar que la reducción de emisiones no habría ocurrido sin esa iniciativa. Es decir, que no se trata de una práctica habitual, sino de una acción nueva, impulsada específicamente para lograr un impacto medible.
• Permanencia: el carbono capturado debe mantenerse fuera de la atmósfera durante un período prolongado. Por ejemplo, si se fija en el suelo o la biomasa, hay que asegurar que no se libere por deforestación, incendios o cambios en el uso del suelo.
• Exactitud y no sobreestimación: las métricas utilizadas deben ser rigurosas y conservadoras, evitando contabilizar más de una vez una determinada cantidad de carbono o asumir beneficios sin respaldo.
• Ausencia de impactos negativos: ningún bono puede considerarse “verde” si su implementación daña comunidades, ecosistemas o derechos locales.
• Co-beneficios: los bonos de mayor valor suelen estar asociados a impactos positivos adicionales, como restauración de suelos, generación de empleo, mejora de servicios ecosistémicos o inclusión de actores rurales. Por ejemplo, en el NOA pueden incluir restauración de suelos en áreas degradadas de la región o generación de empleo en comunidades rurales.
• Transparencia y trazabilidad: los datos del proyecto deben ser públicos, verificables y auditables por terceros. Esto fortalece la confianza en los mercados y permite que los créditos sean reconocidos a nivel internacional.

Estos estándares no solo protegen la integridad del mercado, sino que también garantizan que los bonos realmente representen una reducción efectiva de gases de efecto invernadero. Para los productores y actores del agro, comprender y aplicar estos criterios es clave para desarrollar proyectos con respaldo técnico, acceso a financiamiento y proyección global.

Marco legal en Argentina: avances, situación actual y desafíos

Argentina ya cuenta con una base institucional para participar en estos mercados, con avances formales y desafíos pendientes.

Uno de los pilares actuales es la Estrategia Nacional para el Uso de los Mercados de Carbono (ENUMeC), aprobada por Resolución MAyDS 385/2023. Este documento establece principios rectores, estructuras institucionales y lineamientos para el desarrollo de un sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) en todo el país. Complementariamente, funciona desde 2021 el Registro Nacional de Proyectos de Mitigación (ReNaMi), destinado a inscribir iniciativas que generen reducciones verificables de emisiones.

Además, el marco legal en discusión incluye la posibilidad de crear un mercado regulado nacional de emisiones, con asignación de derechos de emisión por sector. Este mecanismo fue contemplado en propuestas normativas recientes, aunque sin incluir de momento el uso explícito de proyectos forestales o agroambientales como forma de compensación.

Actualmente, no existe una ley nacional específica que regule integralmente los mercados de carbono. Esta falta de legislación ha impulsado el trabajo de espacios técnicos como la Mesa Argentina de Carbono, que promueve un marco normativo claro, con seguridad jurídica y trazabilidad. Las propuestas elaboradas por este grupo se encuentran en proceso de tratamiento parlamentario.

El país cuenta con una base que puede fortalecerse para atraer inversiones, facilitar certificaciones y posicionarse como proveedor confiable de créditos.

Verra y el valor de certificar lo sustentable

¿Es posible conjugar rentabilidad y sustentabilidad?
Angelo Sartori. Senior Director, Regional Engagement

Verra, una de las certificadoras más reconocidas a nivel mundial, responde afirmativamente a esta pregunta a través de su enfoque en mercados ambientales. A través de sus programas de certificación —como el Verified Carbon Standard (VCS) y el SD VISta (Sustainable Development Verified Impact Standard)— ha promovido el uso de los bonos de carbono y los créditos de biodiversidad como herramientas reales de financiamiento para proyectos sostenibles.

Según la organización, muchos de estos proyectos no podrían haberse implementado sin el respaldo económico que generan las Unidades de Carbono Verificadas (VCUs), emitidas bajo el estándar VCS, o los futuros créditos de biodiversidad. Además de su rentabilidad ambiental, estos proyectos suelen integrar co-beneficios sociales, como la mejora en la calidad de vida de comunidades rurales, la protección de recursos hídricos y la conservación de suelos.

Certificaciones aplicables al agro
Dentro del ámbito agroindustrial, Verra administra:

• VCS – Agricultura, Bosques y Otros Usos de la Tierra (AFOLU): incluye la metodología VM0042 para Gestión Mejorada de Tierras Agrícolas (ALM), utilizada en América Latina.
• SD VISta: para proyectos de desarrollo sostenible con múltiples impactos.
• CCB Standards: enfocados en clima, comunidades y biodiversidad, ideales para pequeños agricultores.
• Scope 3 Standard (S3S): para medir y certificar emisiones dentro de cadenas de valor empresariales.

Argentina en el registro de Verra
Actualmente, Argentina cuenta con 40 proyectos registrados en distintas etapas de certificación, distribuidos en:

• 22 en AFOLU (sector agrícola, forestal y uso del suelo)
• 14 en energía
• 4 en ganadería, transporte y residuos

También se destaca el trabajo conjunto con algunas provincias para capacitar a futuros desarrolladores de proyectos, y la implementación de un Programa Jurisdiccional REDD+ en Misiones, orientado a emitir bonos bajo esquemas territoriales.

Estos datos posicionan a Argentina en el cuarto lugar de Latinoamérica en cantidad de proyectos, detrás de Brasil, Colombia y Perú.

De la oportunidad al compromiso

Los bonos de carbono no son solo instrumentos financieros: son una nueva forma de leer el territorio, de traducir prácticas sostenibles en valor ambiental, económico y social. Representan una oportunidad real para transformar la agroindustria en un motor de regeneración, trazabilidad y competitividad global.

Pero esta oportunidad exige compromiso. No alcanza con sumarse a la tendencia: es necesario hacerlo con conocimiento técnico, con proyectos que sean verificables, con impactos que se sostengan en el tiempo y con criterios que aseguren integridad ambiental.

Para regiones como el NOA, donde conviven saberes ancestrales, biodiversidad valiosa y una agroindustria en pleno proceso de reconversión, los mercados de carbono pueden ser un puente entre el presente y un modelo productivo más resiliente. El desafío está en construir ese puente con seriedad: con información confiable, acompañamiento institucional y marcos normativos que estén a la altura del contexto global.

Sembrar carbono es, también, sembrar futuro. Y en ese futuro, la sostenibilidad no es una etiqueta: es una forma de producir con sentido, con raíces y con mirada larga.